A. García:. Es una realidad que las consecuencias económicas de esta pandemia van a ser muy importantes, con miles de negocios cerrados, un notable incremento del paro y una contracción de la actividad económica que va a poner en riesgo la supervivencia en un futuro próximo de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, pero tampoco se debe obviar que nuestra posición después de la crisis tiene mucho que ver con cual era justo antes de la crisis.

En el primer trimestre del año 2020 la mayor parte de los países del mundo se ha tenido que enfrentar a un nuevo escenario de crisis sanitaria y de acelerada crisis económica, teniendo la necesidad de tomar decisiones en las que la prioridad era las personas, o salvar la economía.

Las políticas adoptadas por cada país han sido resultado de la ideología y las fuerzas económicas y políticas dominantes. Así, nos encontramos con que en España, como en las comunidades de Euskadi y Navarra, los empresarios y las fuerzas políticas que los representan hicieron una campaña desde el minuto uno en contra “del alarmismo” y de cerrar la economía, y una vez que se produjo este hecho y se avanzó con el mismo empezaron a presionar para que se fuera levantando gradualmente lo más rápido posible aludiendo a las graves consecuencias económicas.

Es lícito posicionarse en esta dicotomía en un bando o en otro sobre todo cuando cada persona arriesga únicamente su pellejo, pero lo es menos cuando lo hace un viejo general que sabe que manda a la trinchera a morir a la tropa a la que no llega a poner nombre y de la que lo único que espera son resultados sin importar el precio.

Es una realidad que las consecuencias económicas de esta pandemia van a ser muy importantes, con miles de negocios cerrados, un notable incremento del paro y una contracción de la actividad económica que va a poner en riesgo la supervivencia en un futuro próximo de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, pero tampoco se debe obviar que nuestra posición después de la crisis tiene mucho que ver con cual era justo antes de la crisis.

Así, si nos encontráramos con un escenario empresarial en el que las medianas y grandes empresas, en vez de repartir en los últimos 20 años grandes dividendos hubieran optado por capitalizar una parte significativa de los beneficios, muchas de ellas se encontrarían en una situación de solvencia tal que la continuidad de su actividad no sería un problema.

Si el pequeño comercio no jugara con precios de economía casi de guerra para que un pueblo empobrecido por la crisis pudiera comprar, contarían con unos ahorros de los que podrían haber tirado los meses de parón, sin que ello afectara a su continuidad.

Y si la clase trabajadora no estuviera mayoritariamente peleando para poder llegar a fin de mes, contarían con unos ahorros que garantizarían su consumo no sólo durante estos meses y los venideros, sino también durante los años anteriores, dando oxígeno al comercio y a las empresas, generando actividad económica y beneficio social.

La situación es muy fácil de resumir, sueldos bajos para la clase trabajadora a fin de garantizar mayores beneficios para medianas y grandes empresas, que transfieren esa gran acumulación de capital a los capitalistas. Esto genera no sólo una cadena de miseria en los escalafones inferiores en los que millones de personas se tienen que repartir el pequeño trozo del pastel que queda, sino la raíz del problema.

El capital que se obtiene de la explotación no retorna a la propia actividad en forma de inversiones, sino que se percibe por los capitalistas y pasa mayoritariamente a convertirse en capital especulativo gracias a los grandes bancos que tras su asesoramiento lo sacan del país para invertirlo en fondos de inversión con domicilio social en paraísos fiscales. Un capital que podría servir para incrementar la productividad a nivel local generando empresas más competitivas, capaces de generar más beneficios y de sostener unos salarios más elevados desaparece del país y vuelve en forma de fondo –en muchas ocasiones buitre- que compra activos a precio de saldo y los pone a disposición de entes extranjeros que lo único que piden es mayor rentabilidad, que no suele ser necesariamente gracias a inversiones, sino precisamente a la contención de gastos, entre ellos los salariales, generando aún más paro y miseria.

Este proceso de concentración de capital es similar en todos los sectores de la actividad, y da como resultado la existencia de cada vez un menor número de monopolios que a su vez están controlados por el sector financiero. La anarquía económica capitalista lleva necesariamente a la existencia de un pequeño número de oligopolios en los que se concentra la mayor parte de la riqueza, lo que nos lleva necesariamente a dos reflexiones.

La mayor parte de los países ven cómo sus economías están controladas por un número cada vez más reducido de familias que juegan en la jungla económica en la que dependen unas de otras. Pero a la vez se encuentran continuamente al acecho para tratar de comerse al adversario y no ser devorados por nadie, mientras que controlan todos los resortes políticos del país gracias a su ascendencia sobre los mandos policiales, judiciales, mediáticos y políticos. Esto reduce la democracia a un mero teatro dirigido en el que somos simples actores secundarios.

Por otro lado, la independencia de todos los países se va debilitando progresivamente a medida que su economía cada vez se concentra en un número menor de manos habilidosas que -gracias a la ingeniería fiscal y la delincuencia fiscal no perseguida por Hacienda- logran pagar cantidades irrisorias de impuestos y a un pequeño número de empresas extranjera cuya contribución al Estado es ínfima.

Las cifras nos pueden ayudar a comprender mejor la situación. Las 35 empresas que conforman el IBEX 35 tienen un volumen de negocio superior a un tercio del PIB del país, y entre las 13.000 empresas extranjeras que desarrollan su actividad en España se explica un cuarto adicional del mismo. En los últimos 12 años el número de empresas extranjeras en el estado español se ha multiplicado por dos.

La cuestión nacional está directamente vinculada la cuestión social. El patriotismo debe manifestarse para agitar la bandera contra los traidores que venden nuestra economía al mejor postor, porque no es posible tener un país independiente sin una economía nacional, y no es posible tener una economía nacional sin que la misma esté controlada por todas las personas que trabajan y al servicio de las mismas.

Aquí no hay un juicio que hacer. El capitalismo ya ha sido juzgado y es culpable. No es capaz ni de regularse ni de generar una asignación mínimamente eficiente de los recursos tanto desde la perspectiva económica como desde la social. Proponer semejante juicio supone plantear si acaso los cientos de miles de personas que precisan de ayuda para poder llenar la despensa, las decenas de miles que han sido asesinadas en accidentes laborales, las miles sancionadas y condenadas por su lícita actividad política o las millones que forman parte del paro son culpables de su situación. Es una idea reaccionaria porque supone someter a juicio al mismo concepto de dignidad humana.

*A. García es economista y militante de EKB