::: La Mayoría :::

David Comas y Claudio Forján

Venezuela parece partida en dos. Un presidente validado en urnas y otro auto-proclamado. Una República soberana reconocida por las potencias progresistas del continente, Rusia y China y un gabinete paralelo avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Movilizaciones sociales de carácter popular defendiendo al Gobierno y marchas opositoras dónde la dirección es una suerte de combinación entre oligarquía, élites y clases medias pidiendo el fin del proceso bolivariano ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Entender hoy Venezuela es intentar condensar más de dos décadas de conflicto inacabado entre el carácter estructuralmente dependiente del país en la economía mundial y la voluntad política soberanista que inspiró el nacimiento del chavismo a finales de los años 90.

De manera resumida, si damos por válidas las teorías de la dependencia, la Revolución Bolivariana sería algo así como una lucha de lo político contra los condicionantes económicos. Un esfuerzo patriótico activo por “desconectar” al país de una economía-mundo que la condenaba a ser un exportadora de petróleo para poder optar a un proyecto soberano. El proceso ha ensayado, explorado y rectificado diferentes vías para construir esta alternativa. Veinte años cargados, a la vez, de éxitos y fracasos.

Hoy, el conflicto saca a la luz esa tensión inacabada entre dos maneras de entender el papel que debe tomar Venezuela en el mundo: dependencia o desconexión.

El papel de lo económico. ¿Condenados al rentismo?

Nicolás Maduro ha planteado en diferentes ocasiones que, a pesar de considerarse heredero de los éxitos de la Revolución Bolivariana, Venezuela nunca había logrado superar su papel como país que vivía de las rentas del petróleo. Esto no sólo constituía una forma de relación económica internacional, sino toda una cultura y serie de tendencias conocidas como la “enfermedad holandesa”, que suponen la desincentivación de las inversiones modernizadoras y reindustrializadoras.

Esto explicaría el amplio margen para el desarrollo de políticas redistributivas cuando los precios internacionales alcanzaron cifras históricas, pero también la dureza económica padecida por el país caribeño ante su desplome.

Tal vez, lo significativo de esta crisis no fue que estructuralmente el país fuera rentista, sino que este hecho abría un flanco por el que sus enemigos podían golpearle con facilidad. Golpes que desencadenarían el desabastecimiento, la falta de liquidez, la facilidad para dañar al país con políticas de embargo o la liquidación de su moneda por la vía del sistema cambiario. Es lo que el chavismo ha bautizado como “la guerra económica”.

Realmente, todos los condicionantes económicos auguraban la caída de Nicolás Maduro en 2017. Incluso los más optimistas no esperaban que las maniobras políticas del chavismo le permitieran sobrevivir a una ofensiva opositora que cabalgaba sobre el apoyo internacional, una profunda crisis de representación y una situación económica insostenible. Pero, en política, la audacia puede obrar milagros y el chavismo resistió.

Esto generó una suerte de “inflexión” durante 2018. Aún sumidos en la profunda crisis, el gobierno venezolano promocionó una política monetaria que le alejaba del dólar y logró alcanzar importantes acuerdos con potencias como China, para diversificar las rentas y modernizar el país.

Los acuerdos de 2018, unidos a la reelección presidencial, buscaban 6 años de estabilidad donde el país podía tener una oportunidad de remontar el rumbo.

El papel de lo político. ¿Estabilidad para la refundación del país?

La dualidad de poderes no es nueva. Es la táctica que la oposición venezolana lleva practicando a partir de su victoria en la Asamblea Nacional en 2015 cuando conformaban la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Empezaron entonces los tiempos en los que Henry Ramos Allup (Acción Democrática) bromeaba con el “degüello” del chavismo y Leopoldo López (Voluntad Popular) soñaba con convertirse en una suerte de guerrillero urbano “pop-star” aupado por los mass-media. Una táctica dónde esperaban forzar la salida de Nicolás Maduro del poder combinando desacato parlamentario, aislamiento internacional y movilización social en las calles.

La apuesta estratégica de Nicolás Maduro para reconducir la situación fue la apertura de un “Ciclo Constituyente”dónde buscó derivar la disputa hacia el campo electoral. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) radicalizó las formas violentas de la oposición y, cuando quiso darse cuenta, hizo elegir al pueblo venezolano entre votos o balas. Ante esta disyuntiva, la victoria constituyente cortocircuitó la movilización en las calles y reavivó enconados debates tácticos entre las fuerzas opositoras que conformaban la MUD.

Quebrada esta unidad, el chavismo convocó las elecciones a las gobernaciones en octubre de 2017, dónde la oposición participó y fue derrotada en la amplia mayoría de Estados. Esto generó una implosión absoluta de la MUD, que se vio incapaz de concurrir unida a las elecciones municipales de diciembre de 2017, fragmentando el frente opositor entre quienes decidieron participar y quienes decidieron no hacerlo.

En tan solo medio año el chavismo había dado la vuelta a la coyuntura, y con sus rivales devorados en luchas intestinas convocó las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se proclamó como Presidente por un mandato de 6 años tras derrotar a los opositores Henri Falcón y Javier Bertucci.

El ciclo derivó en un chavismo fortalecido frente a una oposición fragmentada y contaminada de crisis de representación. La desmovilización opositora y el rápido envejecimiento de sus liderazgos (tanto los históricos como los “renovados”) fueron los grandes éxitos del chavismo durante este ciclo. Todo parece indicar que la “Operación Guaidó” aspira a resolver esta situación mediante la inauguración de un nuevo ciclo movilizador, auspiciado por la nueva correlación de fuerzas internacional y regional así como con liderazgos renovados.

Con el debate aún abierto sobre si toda esta cadena de acontecimientos ha supuesto un viraje táctico para recuperar cierta estabilidad o ha supuesto una refundación real del país sobre nuevas bases constituyentes, lo cierto es que este escenario permitió a Venezuela alcanzar un acuerdo millonario con China para impulsar proyectos en materia de petróleo, minería, seguridad, tecnología y salud.

En resumen, la estabilidad no sólo abría el horizonte a diversificar las rentas y modernizar el país, sino que anclaba una nueva tendencia en la relación de Venezuela con el nuevo polo económico mundial incentivado desde Pekín.

Venezuela entre dos mundos

Un simple vistazo sobre quién ha reconocido la proclamación de Guaidó y quien ha mantenido el respaldo a Nicolás Maduro demuestra una grieta que trasciende al país caribeño. El mundo se encuentra en la actualidad condicionado por el choque entre dos bloques: uno nuevo que intenta asentarse (China, Rusia y sus aliados) y otro viejo que está lanzando una agresiva contraofensiva para recuperar posiciones (Los EE.UU de Trump, sus clásicas áreas de influencia y nuevas fuerzas reaccionarias instaladas en Argentina o Brasil).

Lo que hoy ocurre en Venezuela es la traslación, sobre el territorio caribeño, de un mundo partido en dos. A dos décadas de conflicto nacional se le ha sumado un momento de tensión internacional generalizada entre bloques, desconocido desde la Guerra Fría.

Si partimos del reconocimiento de que la estabilidad política es una condición necesaria para que el Gobierno venezolano sea capaz de liderar políticas públicas y nuevos acuerdos económicos internacionales que faciliten el proceso de “desconexión” de su rentismo, la hoja de ruta opositora parece clara.

La “Operación Guaidó” no sólo busca reabrir un periodo de inestabilidad en el país caribeño para reanimar la impugnación al Presidente Nicolás Maduro, sino que busca desencadenar una crisis internacional que incapacite a la República Bolivariana para poder enfrentar sus retos económicos, que pasan por encontrar una nueva posición en la economía mundial. Es una operación contra Maduro, pero también contra el nuevo liderazgo internacional disputado por la alianza entre China y Rusia.

¿Qué papel debería tomar España en esta nueva coyuntura? Parece evidente que, más allá de las discrepancias, cualquier apoyo a una aventura que desestabilice o incluso empuje a un país latinoamericano hacia una guerra civil sería una trágica noticia. Lo dijo el ex-presidente Zapatero, nada sospechoso de comulgar con el chavismo o con cualquier proceso pretendidamente revolucionario. Dejar de utilizar Venezuela como arma política, normalizar la cooperación y fomentar todo tipo relaciones con el bloque latinoamericano parece no sólo una postura prudente, sino coherente con el desarrollo cultural, político y económico de España con países con los que nos une un estrecho vínculo histórico.